La suspensión de empleo de los asesores del grupo popular del Ayuntamiento de Valencia ordenada el pasado viernes en Junta de Gobierno local, puede no ser válida atendiendo al artículo 21. 3 de la Ley de Bases de Régimen Local que dice claramente que el alcalde no puede delegar, entre otras muchas, las funciones de «separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral».
En la pasada Junta de Gobierno que aprobó en el orden del día extraordinario suspender de empleo y sueldo a los asesores del PP, el alcalde no se encontraba presente pues delegó las funciones en la concejal Consol Castillo. Pese a no tener agenda, al menos oficial, el alcalde no apareció por el Ayuntamiento ya que «estaba descansando».
Si todas las Juntas de Gobierno son importantes, ésta lo era más si cabe, pues la decisión de suspender a los asesores se sabía que iba a ser muy polémica y con toda probabilidad, recurrida judicialmente. Por lo tanto, si del acto administrativo se desprendieran responsabilidades de cualquier índole, recaerían sobre Castillo.
En cualquier caso, parece que el primer argumento que emplearán las defensas de los asesores si recurren al Contencioso Administrativo será ésta, la Ley de Bases de Régimen Local.
De hecho, la propia ley impide delegar la presidencia de las Juntas de Gobierno y de los plenos.
Se da por seguro que los asesores recurrirán su suspensión temporal como ya hizo en su día el asesor Luis Salom, a quien el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo ha admitido a trámite la denuncia contra el Consistorio si bien aún no se ha pronunciado sobre las medidas cautelares.
Existen importantes dudas sobre la legalidad de la medida ya que el puesto de asesor es de libre disposición del concejal al que está adscrito, por lo que no está del todo claro, a efectos jurídicos, que le alcalde pueda destituirlos en contra del criterio del grupo o del propio concejal.
Por lo que respecta a los asesores y funcionarios del grupo municipal que el viernes fueron suspendidos temporalmente de empleo y de sueldo, estos continúan acudiendo al Ayuntamiento si bien lo hacen como visitantes del grupo «popular» ya que el Consistorio ha dado de baja las tarjetas con las que accedían al edificio a través de los tornos.
Por ello, cada mañana, los asesores suspendidos se acreditan como visitantes del grupo «popular» y acceden al que antes era su lugar de trabajo.
En los próximos días se prevé que los afectados por la medida disciplinaria de Ribó presenten recurso ante los tribunales de Justicia.
Source: Comunitat Valenciana
