La Delegación del Gobierno ha pedido información a los Mossos d’Esquadra y al Ayuntamiento de Barcelona sobre la pancarta contra el Rey que grupos independentistas han colgado de un edificio en la plaza Cataluña, para determinar si la lona «dificultaba la plena seguridad» del acto de homenaje al 17A.
En un comunicado, la Delegación ha explicado que la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía ha exigido antes del acto, en el que han participado los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades, la retirada de la pancarta «debido al espacio ciego de seguridad que generaba», pero que dicho requerimiento «ha sido desatendido».
Anoche, grupos independentistas colgaron una pancarta de grandes dimensiones contraria a la presencia del Rey en Barcelona en un edificio de la plaza Cataluña, tapando cuatro ventanales del inmueble, pero ésta no ha sido retirada hasta horas después del acto de homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona).
La Delegación del Gobierno asegura que ha recibido numerosas muestras de preocupación por una posible vulneración de las garantías de seguridad a causa de esta lona, teniendo en cuenta que impedía el control de varios ventanales con vistas directas a la plaza Cataluña, lugar en el que se han desarrollado los actos.
Y ello, añade la Delegación, podía «poner en riesgo a las propias víctimas, a los Reyes y a las más altas autoridades del Estado presentes».
La delegada del Gobierno accidental en Cataluña, Montserrat García Llovera, ha enviado una carta al director general de la Policía de la Generalitat, Andreu Joan Martínez, pidiendo que informe «en la mayor brevedad» sobre qué acciones han tomado los Mossos «para garantizar de manera efectiva la seguridad del acto y el normal funcionamiento del mismo» y, en particular, las medidas de control llevadas a cabo en el edificio en el que se ha colocado la pancarta.
García Llovera ha recordado que los Mossos d’Esquadra se comprometieron a asumir el control de las alturas del acto de homenaje a las víctimas del 17A y que lo hicieron en la junta de Seguridad celebrada el pasado 14 de agosto.
«La instalación de la lona mencionada ha generado un espacio ciego de aproximadamente 12 por 2 metros, bajo el que se encontraban distintas ventanas que han quedado francas de la necesaria vigilancia policial», señala la misiva.
La Delegación del Gobierno ha enviado también una carta al comisionado de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Amadeu Recasens, para que informe cuanto antes sobre «qué acciones se han tomado para garantizar de manera efectiva la seguridad del acto».
También pide saber si la instalación de la pancarta ha sido solicitada por quienes la hayan desplegado y si se ajustaba a las ordenanzas municipales.
La Delegación remarca, en este sentido, que no constan tampoco las medidas adoptadas para evitar el riesgo físico de la propia pancarta, de la que se desconocía el peso, material de fabricación o mecanismos de anclaje.
Los Mossos d’Esquadra han asegurado a primera hora de esta mañana que la competencia para instar a la retirada de la pancarta era del Ayuntamiento de Barcelona, ya que no suponía ningún riesgo para bienes ni personas.
Fuentes municipales han indicado por su parte a Efe que en los casos en los que una pancarta no tenga un contenido que suponga una ofensa grave no se retira de inmediato, sino que se abre un expediente para comprobar que vulnera las ordenanzas sobre el paisaje urbano, que se puede demorar varios días porque también se tiene que escuchar al propietario del inmueble.
En este caso, la resolución ha sido más rápida, porque han sido los propios independentistas que la habían colgado los que la han quitado horas después, tras ser visible durante todo el homenaje.
La pancarta, de grandes dimensiones y perfectamente visible desde el lugar donde el Rey asistirá al homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas, ponía, en inglés «The spanish king is not welcome in the Catalan Countries» (el rey español no es bienvenido en los países catalanes»).
El mensaje, escrito en letras negras y rojas sobre un fondo blanco, estaba acompañado de una imagen del Felipe VI colgando boca abajo.
Aunque ninguna entidad ha reconocido por el momento estar detrás de la acción, en el portal del edificio se encontraban algunos activistas, entre ellos Adrià Alsina, que optó a la presidencia de la Asamblea Nacional de Cataluña, así como tres abogados de la Coordinadora de la Abogacía de Cataluña.
Una de las representantes de la Coordinadora, Olga Amargant, ha explicado a Efe que se han personaron en ese lugar a la 01.00 horas de la madrugada para impedir que los Mossos d’Esquadra, que también habían acudido al edificio, impidieran que se colgara la pancarta.
«Se trata de un domicilio particular y tienen autorización para colgar la pancarta, por lo tanto si los Mossos hubieran impedido que se colgara estarían vulnerando el derecho a la libertad de expresión y a la inviolabilidad del domicilio particular», ha explicado.
Los Mossos d’Esquadra, por su parte, han explicado a Efe que están intentado aclarar si los activistas que han colgado la pancarta tienen efectivamente el permiso de los propietarios del inmueble para hacerlo.
Por el momento, han comprobado que la pancarta esté perfectamente anclada para asegurarse de que no caiga sobre la calzada, y han establecido un perímetro de seguridad en la acera.
La alcaldesa La alcaldesa, Ada Colau, se ha referido a la pancarta en una entrevista con la cadena Ser y ha asegurado que «en un país democrático es normal que haya pancarta y manifestaciones, pero dicho esto hoy es el aniversario del atentado».
«No voy a entrar en batallas y discusiones. Me podéis preguntar mañana, pero hoy tengo un compromiso con las víctimas», ha señalado, en referencia la petición de los afectados para que no se utilice políticamente su dolor.
Los Mossos d’Esquadra aseguran que la competencia para instar a la retirada de la pancarta colgada por unos independentistas en la plaza de Cataluña contra de la presencia del Rey en el homenaje a las víctimas del 17A es del Ayuntamiento de Barcelona, ya que no supone ningún riesgo para bienes ni personas.
Fuente: La Razón