Durante el interrogatorio a María del Carmen García Fuster, ex secretaria del grupo municipal del Partido Popular y mano derecha de Rita Barberá, el magistrado desveló datos hasta ahora desconocidos sobre la financiación del PP de Valencia. «Señora Fuster», se dirigió a ella el titular del Juzgado de Instrucción 18, «la Policía encontró un documento de contabilidad sobre los ingresos que usted realizó en la cuenta que el PP tenía en el Banco Santander. Por ejemplo, el 4 de marzo de 2011 se produce un ingreso de 29.000 euros; en mayo de 2011, de 28.500, y podría seguir. La anotación que usted realiza junto a estas cantidades es “Aportaciones CYA”. ¿Quién le daba a usted el dinero? ¿De dónde salía? ¿Qué significan estas siglas? Seguro que lo sabe». LA RAZÓN ha tenido acceso a la declaración de la mano derecha de Rita Barberá que respondió así: «Las cantidades que usted ha mencionado se recolectaban entre colaboradores, militantes, allegados y simpatizantes del Partido Popular. A mi me los entregaba una persona cuyo nombre no deseo desvelar en este momento. Quiero preservar su anonimato. En todo caso, eran sumas inferiores a 100.000 euros. Entendíamos que no vulneraban la Ley de Financiación de Partidos Políticos y que tampoco era delito. Si le quiero decir que ese dinero, bajo ningún concepto, tenía un origen ilícito. La anotación por la que me preguntaba significa «Colaboradores y Allegados». Siempre estas aportaciones se hacían cerca de las convocatorias electorales y algunas de las personas que realizaban estos donativos ya han fallecido».
El juez, curioso, le preguntó la razón por la que no quería desvelar el nombre de la persona que le entregaba tamaños fajos de dinero. «No deseo implicar a nadie, por eso no revelo su nombre, pero sí quiero dejar algo bien claro. En ningún momento y subrayo en ningún momento, la persona que me entregaba ese dinero ha sido Rita Barberá. Doña Rita ha sido la diana de todos los medios de comunicación y yo juro solemnemente que ella no me entregaba el dinero». La defensa numantina que García Fuster hizo de su amiga (reconoce que Rita la nombró personalmente en el año 1991 para su puesto) divirtió a su Señoría que la respondió con un chascarrillo: «Ni se me había pasado por la cabeza que fuera la señora Barberá la que le entregase ese dinero».
Comentarios aparte, el juez también indagó sobre la exigencia a concejales y asesores del Grupo Popular de ingresar 1.000 euros en la cuenta del Partido, dinero que, según han denunciado algunos de ellos, luego les devolvía García Fuster en dos billetes de 500, presuntamente de origen ilícito. «Es cierto que en el mes de marzo de 2015 los concejales, asesores y algunas otras personas hicieron un donativo de 1.000 euros a la cuenta del PP. Es innegable, pero es rotundamente falso que yo les devolviera ese dinero en dos billetes de 500. Entre otras cosas porque el donativo no era obligatorio, sino voluntario. Casi todos hicieron el aportaron el dinero. Pero las personas que rehusaron hacer el donativo no tuvieron ningún problema y siguieron trabajando en el ayuntamiento. Los que se negaron fueron Arancha Martín, Nuria Diego, Patricia Izete, y Gordillo. Sé que estas personas han dicho que yo les ordené que pagaran y que les ofrecí devolverles los mil euros en dos billetes de 500, pero es rigurosamente falso. Yo no he llamado a nadie por teléfono para decirle, oye que tienes que pagar. Además a mi no me llegó su negativa. Ninguno de los cuatro me dijo que no iba a pagar». Eso sí, en relación a si le dijo a Barberá que debía pagar, respondió que «sí, le dije que tenía que poner 1.000 euros», aunque tras la insistencia del juez comenzó a dudar: «no me acuerdo. Puede que sí. Sí, creo que sí», dijo.
A continuación García Fuster explicó de dónde surgió la iniciativa de pedir los 1.000 euros. «El comité de campaña del PP de Valencia nos empezamos a reunir en el mes de febrero de 2015. En la cita del día 13 o del 15, no recuerdo con exactitud, surge la idea del donativo. Allí estaban presentes, entre otros, Alberto Mendoza, Alfonso Novo, Alfonso Grau y yo. No se levantó acta del encuentro pero se decidió que cada concejal se lo comunicara a sus asesores. Otra cosa es que con personas que pasasen por mi despacho y con las que tuviera yo más confianza yo les dijera: “Oye que no has puesto los 1000 euros”, pero nunca ha sido obligatorio».
Source: Comunitat Valenciana
