Las pensiones vuelven al primer plano de la actualidad. La vuelta a las calles de grupos de pensionistas en demanda de una pensión digna ha resucitado un problema que se daba por zanjado cuando PP y PNV alcanzaron un acuerdo para elevar la subida de las pensiones hasta el IPC previsto para éste y el próximo año. El hecho de que los precios hayan finalizado agosto con una incremento del 2,2% en tasa interanual, seis décimas por encima de la subida acordada por el Parlamento, y de que la Comisión del Pacto de Toledo lleve más de dos años sin alcanzar una solución definitiva al problema han despertado el miedo entre los cerca de nueve millones de pensionistas (que no de pensiones), que dependen de los Presupuestos Generales del Estado.
Durante el transcurso de la última concentración, los pensionistas tuvieron un enfrentamiento con la Policía porque se quejaban de que el pasado miércoles pudieron acceder casi a las puertas de las Cortes y, ayer, sin embargo, no.
Un coste imposible
Antes de la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, el Partido Popular y el Partido Nacionalista pactaron una subida del 1,6%, igual a la previsión de aumento de los precios, un 1,6%. Equivaldría a un incremento anual de 1.700 millones de euros en la factura del sistema público de pensiones. El problema, más político que económico, es que los precios están en el 2,2% (último dato anual del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes de agosto) y que supondrá una factura adicional alrededor de 700 millones de euros más para este año. Para el próximo, los 2.400 millones que se consolidan (la subida de todo 2018 con atrasos incluido), más lo que el nuevo escenario macroeconómico ponga como previsión para los precios el próximo ejercicio. Cada punto porcentual de aumento de las pensiones, supone a las arcas públicas 1.270 millones de euros anuales más en el pago de las pensiones contributivas. Sólo una décima (0,1% de desviación en la previsión representa un gasto adicional de 127 millones de euros, de acuerdo con los PGE 2018, aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy y respetados por Pedro Sánchez.
Ayer, los pensionistas elevaron una queja a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, por la incapacidad del Pacto de Toledo de llegar a un acuerdo. En su opinión, sigue paralizada a la hora de decidir si es el IPC la referencia de revalorización. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, confirmó ayer que el Gobierno no sacará adelante una ley de reforma del sistema público de pensiones sin un consenso político. Fue en una respuesta a Unidos Podemos, grupo que exige la revalorización por ley de las pensiones en función del IPC real.
El Pacto de Toledo desconvocó la reunión prevista para ayer en el Congreso con el fin de dar más tiempo en busca de un acuerdo para la recomendación dedicada a la garantía del poder adquisitivo y la revalorización de las pensiones. Según informaron fuentes de la comisión a Europa Press, los grupos han optado por anular la reunión con el fin de llegar en mejores condiciones para el acuerdo en esta recomendación dedicada a la garantía del poder adquisitivo y la revalorización, tras haber negociado el inicio de una nueva redacción.
En reuniones y contactos durante estos días los grupos habían decidido retomar la negociación de este punto, redactando conjuntamente la recomendación, ya que veían imposible llegar a un acuerdo conjugando dos propuestas enfrentadas.
Los grupos exploran la posibilidad de retomar desde la base la actual recomendación, revisada por última vez en 2011, y partir desde la base de esa redacción, ya que la falta de un acuerdo en cómo garantizar el poder adquisitivo podría dejar en suspenso la misma. Esta redacción defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, menciona el IPC, al igual que en las propuestas en las que trabajaba el Pacto, y recoge la necesidad de introducir nuevos elementos, tales como la evolución de la economía, los salarios o la evolución de los ingresos. A partir de la actual redacción, el PSOE presentó antes de la reunión una propuesta para esta recomendación, que eliminaba referencias temporales, pero también las dedicadas a elementos adicionales para la revalorización.
Fuente: La Razón