España intenta volver a llevar la voz cantante en la Unión Europea (UE) a la hora de marcar el paso en las relaciones con Venezuela. El problema reside en saber cuál es la postura española y hasta dónde está dispuesta a llegar, ya que las informaciones contradictorias han sido la tónica dominante en los últimos tiempos.
Los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintiocho celebraron ayer un debate en Luxemburgo, a petición de Madrid, en el que abordaron posibles vías para establecer el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. La novedad reside en los matices, ya que las capitales europeas nunca se han negado a seguir manteniendo los cauces abiertos con Caracas –a pesar de las sanciones–, y siempre han andado con pies de plomo a la hora de no tensar la cuerda hasta extremos irreversibles.
Hasta ahora, siempre había sido España el país que había apostado por enseñar los dientes. El Gobierno de Mariano Rajoy fue el principal impulsor a la hora de convencer a sus socios sobre la necesidad de imponer sanciones a personalidades ligadas al régimen y fue difícil vencer las reticencias de países como Grecia y Portugal. Ahora, las tornas han cambiado, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez también es partidario de no desbaratar la posición vigente hasta el momento, la ambigüedad calculada parece la nota dominante. Por el momento, la UE ha sancionado a 18 personalidades chavistas (excluido el presidente Nicolás Maduro) prohibiéndoles el visado a territorio europeo e imponiendo la congelación de sus activos en suelo comunitario. Además, los Veintiocho también han impuesto un embargo a las armas y equipos que puedan ser utilizados para la represión de los opositores.
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aclaró ayer que «nadie ha hablado de modificar» las sanciones a Venezuela. Ante la polvareda levantada por las informaciones aparecidas durante el fin de semana que apuntaban lo contrario, el ministro incluso mostró «sorpresa» por esta interpretación sobre los acontecimientos que, según él, no se corresponden con la realidad. «España no va a presentar ninguna propuesta», aseguró antes del comienzo de la reunión, a pesar de que fuentes diplomáticas habían asegurado que España, Portugal e Italia eran los países que, al tener más contactos en el país, podían liderar la presentación de «ideas» para facilitar el diálogo. Según aseguró Borrell, el almuerzo de ayer tenía como objetivo «intentar explorar las vías» y descartar una intervención militar.
A pesar de estas palabras, el ministro ya había señalado en anteriores ocasiones la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de primar el diálogo por encima de las sanciones, sin que se sepa por el momento en qué se va a traducir esta apuesta. En los pasillos comunitarios se da por supuesto que sin el empuje de España será difícil seguir estrechando el cerco contra el régimen de Maduro por la vía de las sanciones, teniendo en cuenta los tradicionales titubeos de los socios a la hora de dar pasos en este sentido y a que cualquier acuerdo para imponer sanciones requiere la unanimidad de las capitales europeas.
Reino Unido, sumido en pleno divorcio con la UE, es el país que en las últimas semanas ha liderado los intentos por incluir a más personalidades en la lista, con poco éxito hasta el momento. Esto no significa que nadie se plantee (lo pida España o no) levantar los castigos cuando el régimen no ha dado ningún paso positivo hasta el momento.
La Alta Representante de la diplomacia europea, Federica Mogherini, sigue defendiendo la misma posición de los últimos meses: diálogo y apuesta por involucrar a los actores de la región. Una receta que hasta el momento no ha dado demasiados frutos. «La Unión Europea no está buscando suavizar su posición sobre Venezuela de ninguna manera», zanjó la Alta Representante. Mogherini resaltó que la posición europea es «extremadamente clara» y añadió que la política de sanciones individualizadas a personalidades del Gobierno de Maduro por haber «violado derechos humanos, principalmente derechos políticos, va a continuar», aunque que «por otra parte, también creemos que solo puede haber una solución política democrática a la crisis».
Por eso, añadió, «vamos a explorar la posibilidad de establecer un grupo de contacto para ver si se dan las condiciones para facilitar no una mediación –claramente no se dan las condiciones para eso– o un diálogo, sino un proceso político», indicó la política italiana.
Fuente: La Razón