Londres atribuye el órdago de Sánchez a motivos electorales

La polémica en torno a Gibraltar se ha vivido en Reino Unido de manera muy distinta. Con todos los frentes abiertos que la «premier» Theresa May tiene en Westminster, el debate sobre el Peñón estuvo en un segundo plano. Nunca hubo una preocupación real de que Madrid fuera a hacer descarrilar la cumbre europea de este domingo y ayer, a la hora de la verdad, se interpretó que Downing Street no había cedido ni un ápice. Londres considera que Pedro Sánchez no ha conseguido nada más allá de lo que estaba ya acordado.

Varios columnistas interpretaron los obstáculos inesperados como una coreografía dramática bien organizada para ser luego resuelta en el último momento. Asimismo, en algunos debates de televisión, incluso se llegó a afirmar que las amenazas por parte del presidente español se debían más bien a un intento de reforzar su posición y la de su partido ante las elecciones andaluzas y unos posibles comicios generales.

Desde el principio, May dejó claro que no estaba dispuesta a modificar ninguna coma del Acuerdo de Retirada –el único texto con valor jurídico– ni de la Declaración Política sobre las futuras relaciones. Y el bloque europeo se puso de su parte, consciente de que cualquier cambio habría abierto la Caja de Pandora, con los «brexiteers» pidiendo incluir también sus demandas.

Por lo que finalmente se optó por negociar varias declaraciones paralelas en las que, aunque no son legalmente vinculantes, los 27 y Londres avalan la interpretación que hace España sobre el polémico artículo 184.

La «claridad jurídica» que tanto demandaba Madrid se resolvió finalmente con una carta. La misiva enviada por el embajador del Reino Unido ante la UE, Tim Barrow, al Consejo Europeo –que para ser más exactos contiene un solo párrafo– asegura que «el único propósito del artículo 184 del acuerdo de salida es crear obligaciones de compromiso para la Unión y el Reino Unido para negociar acuerdos que rijan la relación futura». Algo que «no impone obligaciones respecto al alcance territorial de dichos acuerdos» y que, por lo tanto, «no es obligación ni presunción, sobre la base de esa disposición, que dichos acuerdos tengan el mismo alcance territorial que el previsto en el artículo 3 del Acuerdo de Retirada» (donde sí se especifica a Gibraltar).

Con todo, un portavoz de Downing Street declaró que la «primera ministra había sido absolutamente clara sobre que respaldamos la soberanía británica para Gibraltar y que lograremos un acuerdo sobre el futuro que funcione para el conjunto de la familia de Reino Unido». A su llegada a Bruselas, la propia May recalcó que «la posición de Reino Unido respecto a Gibraltar no ha cambiado» y que el Gobierno británico «siempre mirará por los intereses de los ciudadanos de Gibraltar». La «premier» se reunió ayer con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Aunque el objetivo no era tanto valorar la cumbre del hoy sino analizar el escenario que se presenta ahora en Westminster, porque este siempre ha sido el miedo a ambos lados del Canal.

A día de hoy, no parece que May tenga garantizado el respaldo de la Cámara de los Comunes, donde se deben ratificar en última instancia el Acuerdo de Retirada y la Declaración Política sobre futuras relaciones. Los norirlandeses del DUP, de cuyo apoyo depende el Gobierno de May tras perder la mayoría absoluta, se muestran bastante reacios con los documentos. La formación celebró ayer su congreso anual y su líder Arlene Foster dijo que no apoyará el acuerdo de May a no ser que se cambie el «backstop» o plan de emergencia que existirá tras el periodo de transición para evitar que haya una frontera dura en Irlanda. Hasta que se encuentre una solución mejor, el Reino Unido permanecerá en la unión aduanera e Irlanda del Norte quedará además alineada con el mercado único sólo para bienes.

Fuente: La Razón

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