Las entidades financieras que durante años acompañaron a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) en sus operaciones de aval, empiezan a ponerse a nerviosas. No les gustan las declaraciones que llegan desde la Administración, en las que el director general del IVF, Manuel Illueca, asegura que va a revisar todos los créditos concedidos durante los últimos años y no pagará aquellos que considere que se concedieron sin el criterio de la rentabilidad económica.
El temor entre los bancos se empezó a manifestar hace meses, y los convenios firmados con estas entidades para realizar operaciones de aval han ido disminuyendo paulatinamente. Según la web de la SGR, el último se firmó el 16 de marzo del año pasado con las Cajas Rurales valencianas, pero desde entonces, ninguna entidad ha querido acompañar a la avalista en su riesgo de crédito.
De hecho, desde el entorno de la sociedad avalista aseguraron ayer que «echan de menos más apoyo de las entidades financieras» y explicaron que en la actualidad se está negociando el cierre de un convenio con Bankia. En cambio, desde la entidad financiera indicaron que «no tienen nada pendiente» con esta sociedad.
La situación de la sociedad es bastante delicada. En este momento se encuentra en pleno proceso de venta de sus propios activos (por valor de 165 millones de euros) para hacer frente al agujero de créditos fallidos.
El próximo mes de marzo se prevé que haya finalizado ya el proceso de enajenación de estos bienes y será en ese momento cuando Illueca examine todos los créditos y avales concedidos y decida si se hace cargo del 40 por ciento que le corresponde a la Generalitat de esos préstamos impagados, según un convenio firmado por el anterior Consell.
En el caso de que no los considere procedentes, el IVF no responderá con dinero público de estos impagos, exponiéndose de esta manera a que la SGR pueda tomar medidas legales contra la Generalitat por incumplir su parte del convenio. Según fuentes cercanas a la entidad, es bastante probable que esto suceda.
Salvar a esta sociedad es importante para la Generalitat fundamentalmente porque el Banco de España la consideró una entidad «sistémica», es decir, relevante para las empresas de la región.
De hecho, el organismo regulador considera en su informe que el concurso o quiebra de la sociedad avalista afectaría a 2.834 empresas que se encuentran en situación «regular» y a 908 que se encuentran en mora. Añade que un total de 8.763 empresas socias partícipes perderían su aportación al capital de la entidad.
Source: Comunitat Valenciana