Los Franco insisten: «Si no es el Valle es la Almudena»

A pesar del adelanto electoral la salida de Cuelgamuros de los restos del dictador puede seguir adelante pese a que se disuelvan las Cortes, ya que no requiere de tramitación parlamentaria alguna. La familia de Francisco Franco recurrirá al Tribunal Supremo el acuerdo aprobado hoy por el Consejo de Ministros que ordena la exhumación de los restos del Valle de los Caídos. El recurso solicitará «medidas cautelarísimas» buscando la paralización inmediata del procedimiento, según destacaron fuentes de la familia a Ep. Con ello, se abren dos días de plazo para que informe la Abogacía del Estado y entonces la Sala Contencioso Administrativa resolverá sobre esas medidas cautelares. De aceptarlas, el proceso de exhumación quedaría paralizado hasta la resolución del fondo del asunto que podría alargarse hasta finales de año. En caso de que estas medidas cautelares se rechacen, la familia aún tendría margen para insistir en la paralización del proceso.

También la Fundación Nacional Francisco Franco y la Abadía que custodia la Basílica del Valle de los Caídos recurrirán al Supremo en sentido similar a la familia.

La familia Franco presentará estos recursos antes de que venza el plazo de 15 días que el Gobierno ha dado a la familia para que elija una ubicación alternativa a la cripta de la catedral de La Almudena ya que alegan que existe una «imposiblidad legal» debido a que «existen riesgos para el órden público». Pero la familia Franco no contempla ninguna otra opción más que el que Franco siga en el Valle o que sea trasladado a la cripta donde dispone de un enterramiento privado y donde además está enterrada la hija, Carmen Franco Polo. Asimismo, apuntan a que el informe de delegación del Gobierno que planteaba esos «riesgos» es un informe «de parte».

Las partes aún no han tenido acceso al acuerdo motivado del Gobierno que piensan recurrir, pero en cuanto puedan estudiarlo con detalle se pondrán a preparar los recursos. Desde la Fundación Nacional Francisco Franco destaca que «parece mentira» que la ministra de Justicia sea de profesión fiscal porque, «ha cometido tremendos errores que supondrían un suspenso a la hora de superar las pruebas de acceso a la abogacía» confundiendo incluso «un Real Decreto-ley (el famoso decretazo) con un Real Decreto».

Fuente: La Razón

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