Los jueces decanos de toda España, reunidos estos días en Melilla, censuran el “enorme retraso que generan los aforamientos en la tramitación de las causas por corrupción”. Así lo aseguran en las conclusiones de estas XVIII jornadas, en las que consideran que este “privilegio procesal” es de “difícil justificación” salvo en casos muy excepcionales.
Este medio centenar de decanos, que representa a más de 2.500 jueces de toda España, reclama que los jueces de instrucción cuenten “con el debido asesoramiento económico y contable, especialmente en la tramitación de causas por corrupción”, para lo que apuestan por la creación de un cuerpo de peritos contables judiciales.
En el documento, hacen además una firme defensa de la Constitución, “que nos ha regalado el más dilatado periodo de estabilidad y convivencia pacífica de la historia de España”, y reclaman “respeto y las condiciones idóneas para hacer nuestro trabajo” ante los “intolerables” ataques a la independencia judicial, ante los que exigen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “una mayor contundencia” a la hora de censurarlos. Unos ataques que, se quejan, “se producen desde todos los ámbitos, incluso desde otros poderes del Estado”.
“Nuestras decisiones pueden y deben ser objeto de crítica como expresión del derecho constitucional a la libertad de expresión”, pero éste, recalcan, “tiene sus límites” pues la Carta Magan “no reconoce el derecho al insulto”.
Asimismo, los jueces decanos lamentan que sus reivindicaciones de incremento de plantilla, modernización tecnológica y mejoras salariales “siguen sin atenderse salvo la convocatoria formal de la mesa de retribuciones”, por lo que instan a las asociaciones judiciales y fiscales a consensuar un nuevo calendario de movilizaciones, huelga incluida” si en un “breve y prudencial plazo” no se dan “pasos firmes” para atender esas demandas de la carrera.
En sus conclusiones, los decanos critican también las “puertas giratorias” -el trasiego de jueces de la judicatura a la política y viceversa-, que provocan, se quejan, “un indudable daño a la imagen de independencia e imparcialidad” de la judicatura, por lo que piden “limitar estos viajes de ida y vuelta” mediante una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
“Tenemos -denuncian- la mitad de jueces que la media europea”, al tiempo que demandan “un proceso penal moderno” y reducir su carga de trabajo que en ocasiones “triplica o cuadriplica” la carga de asuntos recomendable. “No hay gasto más social que invertir en Justicia”, aseguran. Y, por último, consideran que “es el momento de que la carrera judicial recupere los derechos económicos perdidos desde 2010, una vez superada la grave crisis económica”.
Fuente: La Razón