Los papeles de Francia señalan a «Ata» como el asesino de Giménez Abad

La documentación remitida por las autoridades francesas, que se incautó a ETA en operaciones realizadas en territorio galo, va a permitir esclarecer la autoría de diversos atentados cometidos en Navarra y Aragón, entre ellos el del presidente del Partido Popular en esta última comunidad autónoma, Manuel Giménez Abad, asesinado el 6 de mayo de 2001 en Zaragoza. A la víctima le acompañaba su hijo Borja, que entonces contaba 17 años de edad. Ambos se dirigían al estadio de La Romareda para asistir a un partido de fútbol del Real Zaragoza. El joven se quedó consternado junto al cadáver de su padre, que había recibido tres disparos por la espalda del terrorista, que huyó a la carrera.

Testigos presenciales calificaron la escena como especialmente «dramática». El autor fue un individuo con el pelo largo, gorra, ropa deportiva de tonos azul oscuro que se puso a la espalda de Giménez Abad, mientras que otro terrorista, al parecer una mujer, apoyaba la acción criminal para facilitar la huida del lugar. Las investigaciones que se han realizado desde entonces para determinar la autoría del crimen apuntaban a un «comando» de ETA denominado «Basajaun», cuya existencia oficial y componentes no se habían podido acreditar.

Ahora, gracias a la citada documentación, según informan a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, se ha podido saber que la célula estaba integrada, como «liberados», por Mikel Carrera Sarobe, «Ata» (que llegó a ser jefe «militar» de la banda terrorista) y una mujer sin identificar; y que del grupo dependían cuatro «comandos legales», cuyos miembros no estaban fichados.

Se trataba, por lo tanto, de un complejo, similar a los que ETA había formado en Guipúzcoa y Vizcaya, con una gran capacidad para cometer atentados, para lo que disponían de numerosas y precisas informaciones sobre sus víctimas que les preparaban los elementos «legales».

Rueda de reconocimiento

La referida documentación, según las citadas fuentes, viene a ratificar, tras los estudios que ha elaborado la Guardia Civil y el reconocimiento fotográfico que en su día realizó Borja, el hijo de la víctima, que el presunto autor del crimen fue Mikel Carrera.

El próximo día 3 de octubre, una comisión judicial, integrada por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la fiscal Ángela Gómez-Rodulfo y el propio Borja, se trasladarán a París para realizar una rueda de reconocimiento con el fin de que este último pueda ratificar lo que ya acreditó cuando le mostraron las fotografías del pistolero.

Según han informado las citadas fuentes, la mencionada documentación, remitida por las autoridades galas a las españolas, forma parte de la que será entregada «oficialmente» el próximo 1 de octubre en un acto al que asistirán el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el de la República francesa, Emmanuel Macron.

Los cuatro «taldes» que dependían del «comando Basajaun», que lideraba «Ata», se denominaban: «Los Finolis», el más operativo; «Los dos», que cometió varios atentados; «El nuevo y el muy nuevo» y «El equipo de Rugby», que estaba en formación según la documentación requisada y las «kantadas» (informe por escrito en el que los etarras cuentan a la dirección de la banda todo lo ocurrido durante la detención y los días siguientes hasta llegar a la cárcel) halladas en poder de los jefes de ETA.

En concreto, en la documentación contenida en el Sello TAR/CH/73 (designación judicial a los bolsas que contienen las evidencias halladas en una operación antiterrorista) figuraba una carta redactada en euskera, escrita aproximadamente a finales de agosto de 2002 y firmada por «BS», en la que se aprecia cómo un responsable de un «comando de liberados» informa a la «dirección militar» de ETA, integrada entonces por Jon Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi («Jon» y «Olga») de la situación en la que se encontraban los cuatro «taldes legales» que dinamizaba.

La misiva estaba firmada por «BS» y se despedía con «un fuerte beso»; por lo que se considera que estaba escrita por una mujer, que sería «liberada», una de las responsables del «comando-complejo Basajaun» (BS).

Del análisis de la carta se desprende que los dos miembros «liberados» integrantes de la célula ejercían de coordinadores de los cuatro «taldes legales».

En la misiva mostraban su voluntad criminal: «Por lo demás estamos “bien”, porque no podemos arrancar bien con una tremenda mala ostia (sic) así como con la situación política general». Vamos, que lo que estaban deseando era asesinar y cometer todo tipo de atentados.

Como muestra del carácter que los «liberados» imprimían a sus «alumnos», se cita lo ocurrido con uno de ellos ya en la cárcel cuando fue rescatado por la Guardia Civil el funcionario de prisiones Ortega Lara. «Mostró –dice un informe oficial– un sentimiento de repulsa y frustración por su liberación, llegando incluso a llorar. Por el contrario, este sentimiento fue de júbilo y alegría cuando se produjo el asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco. Dicho preso ha comentado su intención de continuar con la lucha armada y tomar las pistolas en la primera oportunidad que tenga».

Contra los políticos

El asesinato de Giménez Abad formó parte de la campaña de ETA contra los políticos no nacionalistas, en especial los del Partido Popular, promovida desde las cárceles por los presos, que mantenían la teoría de que cuando eran asesinados miembros de las Fuerzas de Seguridad, la clase política acudía a los funerales y daba el pésame, pero no recibía el mensaje de los terroristas con la fuerza suficiente como para que negociaran la independencia y la amnistía para los reclusos.

Sin embargo, según esta teoría, si los muertos pertenecían a la misma clase política terminarían por ceder a las exigencias de los pistoleros.

Los etarras, dentro de su acreditada cobardía y villanía, elegían las víctimas que eran más fáciles de atacar. Giménez Abad, un hombre trabajador y modesto, disponía de contravigilancias para poder detectar la presencia de terroristas, pero no de escolta con el fin de no ser gravoso a las arcas del Estado.

El esclarecimiento de su asesinato, como el de tantos otros que están pendientes, va a permitir que se haga justicia a las víctimas y que los verdugos paguen por las atrocidades que cometieron.

Cadena perpetua

Carrera está ya condenado a cadena perpetua en Francia por el asesinato, el 16 de marzo de 2010, del policía francés Jean-Serge Nérin. El Tribunal de lo Criminal de París impuso penas de entre 14 y 25 años de cárcel a los otros cinco miembros de la banda que han sido juzgados por formar parte del «comando» que mantuvo un tiroteo con una patrulla policial en Villiers en Bière, al sur de París, después de haber robado cinco coches en un concesionario.

Está considerado como el último jefe «militar» de ETA con una cierta «autoridad» y fue capturado gracias a la información aportada por las Guardia Civil a las Fuerzas de Seguridad francesas.

«Ata», lejos de buscar la disolución de la banda y la entrega de las armas, pretendía reorganizarla, aunque ya estaba muy maltrecha, sobre todo después de la detención de Garikoitz Azpiazu, «Txeroki».

En una de las cartas que se le atribuyen a «Ata» narra lo que, según todos los indicios, es el atentado que perpetraron contra El Corte Inglés de Zaragoza mediante la explosión de un coche bomba. Lamenta que las plantas del aparcamiento más cercanas a donde se encontraban las tiendas, y por lo tanto los clientes y los trabajadores, estuvieran cerradas y que tuvieran que colocar el automóvil con el artefacto en la tercera. «Si hubiéramos podido colocarlo donde nosotros queríamos, la destrucción habría sido terrible», se jactaba el terrorista, que acompaña sus afirmaciones con blasfemias.

Si, como se espera, «Ata» es procesado por el asesinato de Giménez Abad, y otros atentados perpetrados en Navarra y Aragón, se habrá dado un paso más en la redacción adecuada del relato de lo que ha sido el terrorismo de ETA.

La banda criminal y sus organizaciones afines, con la inestimable colaboración de los partidos nacionalistas, pretende «juzgar» ahora, desde foros políticos y no de la administración de Justicia, supuestas torturas cometidas por las Fuerzas de Seguridad en su lucha contra la banda criminal y que, según su teoría, habrían quedado impunes. Se trataría de crear una especie de «comisión de la verdad» (la de ellos), con unas conclusiones que ya están escritas y cuya finalidad es que lo que ha ocurrido con el terrorismo etarra y la lucha desde la democracia contra este fenómeno criminal termine en una especie de «empate».

El gesto de las autoridades francesas al entregar los documentos que se incautaron a la banda, así como numerosas armas, que ya están siendo examinadas por los especialistas, supone un paso más para evitar que esto ocurra y para que cada uno, terroristas y asesinados, verdugos y víctimas, queden situadas en el lugar que les corresponden.

El más que posible esclarecimiento del asesinato de Giménez Abad forma parte del necesario esfuerzo que debe hacer la sociedad apoyando a la Justicia y a las Fuerzas de Seguridad.

Fuente: La Razón

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