Las defensas de tres de los nueve políticos independentistas en prisión -entre ellos, el ex candidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Turull- han solicitado al Tribunal Supremo la libertad provisional tras la decisión de la Justicia alemana de rechazar la entrega de Carles Puigdemont por rebelión. En los escritos remitidos al citado tribunal, los letrados invocan en pos de ese objetivo «las buenas perspectivas para las tesis de defensa que se vislumbran a partir de las resoluciones de otros países europeos, que no han visto violencia alguna en los hechos que motivaron el procesamiento».
Los tres encarcelados por su papel en el «procés» niegan que haya riesgo de fuga e insisten en que siempre han estado a disposición de la Justicia». «El hecho de que otros procesados puedan no estar a disposición de los tribunales españoles -argumenta por ejemplo la defensa del líder soberanista Jordi Sánchez y de los ex consellers Jordi Turull y Josep Rull– nunca debería ser razón para empeorar la condición de quienes, pudiendo perfectamente haber huido, decidieron en su momento acudir al llamamiento judicial».
Ahora, además, argumentan, «han cambiado las circunstancias del contexto social y político». Y ponen como paradigma de ese nuevo escenario de «normalización política que se está viviendo actualmente en Cataluña», las «recientes reuniones entre los presidentes Pedro Sánchez y Joaquim Torra y diversos encuentros entre ministros y consellers».
«Llama poderosamente la atención –y debería mover a la reflexión al Tribunal Supremo de España sobre su sensibilidad garantista- que los tribunales de países como
Alemania, Reino Unido o Bélgica estén dejando en libertad a personas pendientes de extradición pese a su escaso arraigo en aquellos países y que, en cambio, aquí se encarcele preventivamente durante tantos meses a personas todavía inocentes pese a que han acudido al llamamiento judicial y
tienen pleno arraigo familiar», se que el letrado Jordi Pina.
La libertad de los políticos catalanes procesados por rebelión, dicen sus defensas, «contribuirá, sin duda, a rebajar dicha tensión social y a facilitar la búsqueda de soluciones políticas a unos problemas cuyo trasfondo es esencialmente político y no judicial».
Fuente: La Razón
