El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha comparecido en la comisión de Interior del Congreso para dar cuenta sobre el acercamiento de presos de ETA y la política migratoria tras el salto masivo a la valla de Ceuta por parte de más de seiscientas personas que buscaban entrar ilegalmente en España y en el que resultaron heridos varios guardias civiles.
El PP consiguió el lunes en la Diputación Permanente, con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de Unidos Podemos, que se incluyera un tercer punto en el orden del día para que Grande-Marlaska explicará el cese del coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sin embargo, el titular de Interior informó a los diputados de que su intención es pedir comparecer en la Comisión de Secretos Oficiales para abordar ese asunto, pero que no lo haría hasta que expire el plazo que el propio cesado tiene para recurrir la decisión del Ministerio. Recordó que si Corbí recurre, será el propio ministro quien tenga que resolver, por lo que para garantizar la «imparcialidad de quien resuelve» Marlaska pedía dar cuenta en la comisión de secretos oficiales.
Este cambio hizo que el presidente de la Mesa de la comisión decidiera reorganizar el debate al considerar que Marlaska no había dado cuenta a uno de los puntos del orden del día y Podemos, PSOE y ERC manifestaron su protesta.
Sobre el traslado de los presos de la banda terrorista ETA a cárceles del País Vasco incidió en que cualquier actuación que se lleve a cabo con los internos “estará en la más estricta legalidad” y que el tercer grado no constituye “beneficios penitenciarios”. Marlaska garantizó su compromiso con las víctimas que dijo “es férreo”, y acusó al PP de utilizarlas con fines políticos. “No voy a permitir críticas falsas en los traslados ni que se utilice a las víctimas con intereses políticos” ni que se mienta sobre ello, dijo.
Sobre política de inmigración Marlaska advirtió de «humanidad no es igual a permisividad» y advirtió de que el Gobierno no va a «permitir una inmigración violenta que atente contra nuestro país ni contra nuestras fuerzas de seguridad» . Defendió la devolución de los inmigrantes que asaltaron la valla de Ceuta el pasado 22 de agosto en virtud de un convenio bilateral firmado con Marruecos en 1992. Con la aplicación de este acuerdo, que se ha hecho en contadas ocasiones porque otras veces el país norteafricano «no lo había aceptado», España y Marruecos dejaron claro el mensaje a las redes de tráfico de personas de que la «inmigración ordenada y legal es posible». Destacó que en este último y «violento» asalto, los inmigrantes hicieron uso de cizallas, mazas, piedras, productos químicos y excrementos y siete agentes resultaron heridos. En su expulsión se cumplieron todos los trámites legales, de forma que los inmigrantes fueron filiados por la Policía y estuvieron asistidos por abogado, tras lo cual se incoaron los expedientes de devolución individuales.
Fuente: La Razón
