La Conselleria de Educación tiene abiertos numerosos procesos judiciales. A los recursos relacionados con el plurilingüismo se le suman otros trece, síntoma de que las políticas educativas, cuanto menos, han generado debate.

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Buen ejemplo es el tratamiento de los conciertos. La normativa marco ha sido impugnada por patronales, diputados del PP y asociaciones de padres, sin olvidar la cantidad de recursos de escuelas afectadas por la pérdida del convenio de Bachillerato. La misma organización de colegios, Escuelas Católicas, también está pleiteando contra la orden que permite reducir el máximo de alumnos en 1º de Infantil en determinados municipios con baja natalidad, pues considera que se publicó fuera de los plazos reglamentarios y servirá para fomentar trasvases de alumnos.

La exigencia del Certificado de Capacitación de Valenciano al profesorado interino ha sido recurrida por el sindicato Csi·f, que también ha judicializado el decreto sobre usos institucionales de las lenguas oficiales por priorizar la propia en determinados ámbitos. También lo ha hecho la Abogacía del Estado.

Volviendo a los interinos, la repetición de plaza durante varios cursos no ha gustado al Stepv, que ha presentado un contencioso porque afectará a la ordenación de las bolsas. El sindicato también ha llevado a los tribunales el protocolo sanitario de las escuelas por atribuir a los docentes funciones propias del personal especializado.

Por su parte, el sindicato Apprece ha judicializado la nueva organización de Primaria al considerar que da un tratamiento secundario a la Religión, mientras que hay Ampas que han hecho lo propio con la orden de jornada continua. El nuevo contrato de transporte escolar también ha llegado a los tribunales –hay empresas que no comparten la adjudicación realizada–, mientras que Usie Cv lucha contra la eliminación de la anterior bolsa de inspectores accidentales.

En clave universitaria, son varios los recursos de las privadas por la exclusión de las becas y de programas de investigación. Y sigue pendiente la ejecución del fallo que obliga al Consell a dar al PP toda la información de las cajas fijas de los centros públicos.