El ex presidente de la Generalitat Artur Mas ha comenzado su declaración como testigo mostrando su “respeto” a los acusados y recordando que fue condenado por desobediencia e inhabilitado hasta febrero de 2020 por el 9-N. Eso sí, no ha intentado, como Tardà, responder en catalán. La acusación popular, representada por Vox, ha querido conocer si el testigo sabía quién convocó el referéndum ilegal del 1-O, a lo que Mas ha respondido que “quien tomó la decisión fue el gobierno de la Generalitat de aquel momento”. Eso sí, poco después, ante la insistencia del abogado de Vox sobre si fue el ex presidente fugado Carles Puigdemont, ha precisado con cierta ironía que “una cosa es quién decide políticamente y otra cuál es el órgano que toma la decisión. Me parece bastante elemental”.
Sin embargo, Mas ha querido explicar que en el verano de 2016, Puigdemont, “tras muchas conversaciones e ideas que le llegaron tras un debate intenso, llegó a la conclusión de que era bueno que hubiera un referéndum” similar al del 9-N de 2014. Y ha añadido que se le invitó a una serie de reuniones en las que, “en algunos casos mi opinión fue tenida en cuenta y en otros no”, porque “los que deciden son los que tiene el poder institucional”.
De hecho, ha recordado que la presión de la CUP fue uno de los motivos, que no el único, para convocar el referéndum, lo que provocó “la alteración de la hoja de ruta inicial”. Aun así, ha reconocido que le dijo al ex president Puigdemont que “si se optaba por referéndum no me opondría” a pesar de que esa decisión suponía un cambio en el plan previsto. Eso sí, le reiteró que el Govern no podía perder “nunca” la “capacidad de iniciativa institucional en un marco legal que la Generalitat pudiera controlar”. Y es en estas reuniones en las que se perfilaba esa consulta ilegal en las que Mas escuchó y percibió la “voluntad” de pactar el referéndum con el Gobierno de Mariano Rajoy. Es más, ha señalado que “la vía unilateral nunca fue ni la primera ni la segunda ni la tercera opción”. Y siempre, ha reiterado, evitando que hubiese un “vacío legal” en todas sus actuaciones. Incluso negó que el resultado de la votación tuviera efectos jurídicos, aunque ha reconocido que “se intentó que fuese vinculante pero que no se consiguió”.
Sin embargo, a pesar de que ha reiterado en varias ocasiones que “la idea era la de explorar todas las vías de dialogo con el Gobierno”, ha reconocido que el mandato de la sociedad catalana era muy claro. Por ello, no ha dudado en reconocer que ante la presumible negativa del Gobierno a negociar “no se decidió parar maquinas”.
En este punto, no ha dudado en jactarse de que el propio Puigdemont mandó “al señor Rajoy” una carta para que los servicios jurídicos del Gobierno central valorasen los planteamientos independentistas, mostrándose dispuesto incluso “a pactar la fecha y la pregunta” del referéndum soberanista.
Fuente: La Razón