El expresidente de la Generalitat Artur Mas y la vicepresidenta Joana Ortega han recurrido en apelación la sentencia del Tribunal de Cuentas que les condenó junto a otros exmandatarios catalanes al pago de 4.946.788,16 euros por los gastos generados por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 .

Piden su revocación alegado que los actos que realizaron en relación con esta convocatoria se ajustaban a la legalidad, «de lo que se deriva la no concurrencia de dolo o negligencia grave y, por ende, de responsabilidad contable».

El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, incide en que el pronunciamiento del Consell de Garanties Estatutàries realizó en su día una valoración positiva respecto del encaje constitucional de la Ley y la convocatoria de la consulta, «lo que le habilitaba para suscribir contratos y encargos con repercusión económica, en el desarrollo de dicha previsión legislativa que se había declarado acorde a la Constitución y a las competencias dimanantes del Estatuto de Autonomía», sin que cupiera «repicar a ello el contenido de unas sentencias del Tribunal Constitucional dictadas en fechas posteriores a las conductas examinadas».

Por ello, solicitan la revocación de la condena que se dictó por el Tribunal de Cuentas el pasado 12 de noviembre tras el juicio de responsabilidad contable celebrado a raíz de las mandas interpuestas por las asociaciones «Abogados Catalanes por la Constitución» y «Societat Civil Catalana, Associació Cívica i Cultural» y por el Ministerio Fiscal.

En su escrito, de 43 páginas, la defensa de Mas, Ortega y otros de los condenados alega que el Tribunal de Cuentas planteó la alternativa de apreciar negligencia grave en la conducta de los demandados, en base a la existencia de anteriores pronunciamientos del Tribunal Constitucional en asuntos similares de gran notoriedad, por lo que los demandados, supuestamente, disponían de todos los elementos de juicio necesarios, «incluso los que no son licenciados en Derecho, para conocer la ilegalidad de la consulta y del proceso de participación».

Ante ello, replica que el Gobierno de la Generalitat presidido por Artur Mas «en ningún caso convocó un referéndum, sino una consulta, inicialmente, y un proceso participativo, con posterioridad, los cuales, a priori, podían tener encaje en las competencias que atribuye el Estatut al Gobierno de la Generalitat».

Fuente: La Razón