La semana catalana de Pedro Sánchez ha dado un giro a su horizonte político. El estado de salud del que goce su relación con los partidos independentistas está íntimamente ligado con sus expectativas de mantenerse en el poder. La débil mayoría parlamentaria que le aupó al gobierno tiene tamaño grado de fragilidad, que la menor escisión compromete el rumbo del Ejecutivo. Tanto es así que Moncloa arrancó la semana ligando el futuro de la legislatura al juicio del «procés» y, en el plano más inmediato, la aprobación de los Presupuestos a una convocatoria anticipada de elecciones. Una variable que difiere del escenario que habían dibujado desde su entorno hasta ahora, en el que solo se valoraría la disolución de las Cortes cuando el bloqueo en el Congreso le impidiera seguir materializando su acción legislativa.
Nadie duda –aunque desde su Gabinete quieran restarle trascendencia– de la relación indisoluble que se establece entre la gestión de Cataluña, incluida la interlocución con los partidos soberanistas, y la estrategia electoral del PSOE. La consecuencia práctica se vio tras la debacle de las elecciones andaluzas, cuando Pedro Sánchez tomó la determinación de promover la presentación de los Presupuestos en el Congreso, una decisión que había desechado en público una semana antes, argumentando que si no tenía el apoyo suficiente para sacarlos adelante, no iba a «marear a los españoles». Esta estrategia proactiva obedecía a lo que en Moncloa califican como «win-win» o acierto asegurado, pues si el Gobierno conseguía aprobar las cuentas se mantendría en el poder y en caso de no hacerlo tendría en el veto de los soberanistas el argumento para lanzar su campaña municipal, autonómica y general (en un «superdomingo») libre del lastre que le supone tanto al Gobierno como a sus territorios el pacto con los independentistas en la moción de censura. Durante esta semana, Sánchez se ha reunido con los barones territoriales críticos con su estrategia en Cataluña para desgranarles en privado su hoja de ruta y tranquilizarles reivindicando su compromiso con la unidad de España y el cumplimiento de la Constitución. Estos contactos, con carácter previo a la reunión que celebró con Quim Torra el pasado jueves buscaban limar las asperezas que había generado su interlocución con el independentismo, llegando alguno de estos dirigentes a pedir la ilegalización de los partidos soberanistas como intento desesperado para marcar distancias respecto a Moncloa de cara al 26 de mayo. Varios de los asistentes que departieron con Sánchez durante la semana manifestaron a este diario la «determinación» que tenía el presidente del Gobierno quizá no a un objetivo tan ambicioso como agotar la legislatura, pero sí a aguantar el máximo tiempo posible en el poder. ¿Cómo? De la mano de los partidos secesionistas y mediante la aprobación de los Presupuestos que presentará en el Congreso en enero. Y de Barcelona, Sánchez se ha traído el billete para aguantar al menos hasta otoño de 2019.
Esta «determinación» se vio apuntalada en vísperas de la llegada de Sánchez a Barcelona, cuando ERC y el PDeCAT votaron a favor de la senda de déficit que el Ejecutivo sometió al Parlamento. En la práctica se trata de un mero gesto, porque el PP vetará el objetivo del 1,8% en el Senado –valiéndose de su mayoría absoluta en esta Cámara–, pero que anticipa un apoyo final a las cuentas. Ambas formaciones ya han declarado su nula intención de presentar enmiendas a la totalidad a los Presupuestos y parece difícil verles votando junto a PP y Ciudadanos las que éstos presenten. Este periodo de tramitación dará oxígeno al Gobierno para seguir legislando. Y es que la relación entre Generalitat y Estado se rige a golpe de gesticulación. De ello estuvo plagado el encuentro de esa misma tarde entre Sánchez y Torra en el Palacio de Pedralbes. Guerra de convocatorias para dar una sensación de «cumbre entre gobiernos» que finalmente se materializó en una foto a seis. Una instantánea que, junto al encuentro bilateral, volvió a soliviantar a los barones horas después de haberles garantizado una defensa escrupulosa de la Constitución. Sin embargo, la alusión expresa a la Carta Magna desapareció del comunicado conjunto que se pactó con la Generalitat. Ellos, a cambio, renunciaron a hacer explícita la vía unilateral de manera «inequívoca», según Moncloa.
El Gobierno abandona, por tanto, Cataluña tras realizar una reunión vacua y de trámite con Torra que vale más por lo que escenifica que por las posiciones que hayan logrado acercar y que hace que el Ejecutivo tenga hoy una certeza fundada de que puede llegar a aprobar los Presupuestos. «Somos más optimistas que hace una semana», señalan. Esto no es baladí y tampoco hay confianza ciega, pues son conscientes de los giros de guión a los que acostumbra la Generalitat cuando a quien aprietan los CDR es a ellos y de que todavía queda una eternidad –sobre todo en los líquidos tiempos políticos– para que se sometan a votación las cuentas que supongan para el presidente del Gobierno un salvavidas temporal en La Moncloa.
Fuente: La Razón