Prisiones pregunta al Supremo si traslada a Cataluña a los presos del “procés”

Instituciones Penitenciarias ha preguntado hoy a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo si tiene alguna objeción al traslado de los presos preventivos del “procés” a cárceles catalanas después de que estos lo hayan solicitado.

Fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han informado a Efe de ese trámite, que consiste en dar traslado de la solicitud que han registrado los nueve presos una vez terminado la vista oral en el Supremo por si el tribunal tiene algo que objetar.

Si el Supremo no tiene inconveniente, el traslado podría acometerse la próxima semana, de acuerdo con las mismas fuentes.

Se haría del mismo modo que cuando fueron conducidos a Cataluña en julio de 2018 una vez el juez Pablo Llarena dio por concluida la instrucción del caso. Volvieron a prisiones madrileñas el 1 de febrero, once días antes del comienzo del juicio.

Entonces, se utilizó una conducción ordinaria. Es decir, los nueves presos fueron agrupados en la cárcel de Valdemoro, desde ahí llevados a Zuera, en Zaragoza, y ya al día siguiente a la prisión de Brians II, en Barcelona.

La semana pasada el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, planteó que el traslado es “probable” si el tribunal no se opone y puso como ejemplo lo ocurrido el pasado verano tras el final de la instrucción.

Entonces, Interior consultó al juez Llarena, que respondió que no había “razón procesal” para mantener a los reclusos en prisiones madrileñas, con lo que se autorizó el traslado a Cataluña.

El exconseller de Interior Joaquim Forn volvió a Barcelona el pasado sábado para la constitución del Ayuntamiento de la ciudad tras ser elegido concejal y pidió al Supremo poder quedarse en una prisión catalana, pero el alto tribunal ordenó su regreso a Soto del Real (Madrid) “sin aplazamiento ni dilación” tras el acto en el consistorio.

Cuando los nueve presos preventivos fueron trasladados a Madrid para el juicio, el líder del PP, Pablo Casado, pidió al Gobierno que no regresaran a prisiones catalanes, administradas por la Generalitat, cuando concluyera la vista oral.

El PP denunció que en esos centros los presos independentistas habían recibido un tratamiento penitenciario diferenciado al del resto de reclusos, con un régimen de visitas distinto, “llamadas a la carta” y la posibilidad de “despachar políticamente”.

Efe

Fuente: La Razón

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