La Fiscalía del Tribunal Supremo no tiene dudas de que todo el plan orquestado desde la Generalitat, con el prófugo Carles Puigdemont al frente y con Oriol Junqueras desempeñando un papel más que relevante, destinado a lograr la independencia de Cataluña por la vía unilateral tras la celebración del referéndum iilegal del 1 de octubre de 2017 llevaba implícito el uso de la violencia si fuese necesario para lograr ese objetivo, como así sucedió de forma especial en todo lo acontecido ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre. En cambio, la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, no aprecia en ningún momento el uso de la violencia, limitándose a considerar la existencia de un «ambiente hostil».
Esto se traduce en una notable petición de penas para los 18 procesados por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, toda vez que el Ministerio Pública acusa del delito de rebelión a los nueve considerados dirigentes del «procés», mientras que los Servicios Jurídicos del Estado consideran esos mismos hechos como constitutivos de un delito de sedición.
De esta forma, mientras los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadenas solicitan penas que suman 177 años de cárcel para los acusados, la Abogacía del Estado reclama 116 y meses de prisión, es decir, 60 años y medio menos.
Fuente: La Razón
