“Este Gobierno no cierra». La frase, pronunciada insistentemente por varios ministros en los últimos días, esconde muchas de las claves con las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez afrontará las semanas que restan hasta el 28 de abril. En Moncloa no están dispuestos a desaprovechar los altavoces que les concede estar en el poder. Los grupos de la oposición han denunciado el «cuestionable rigor» de utilizar el Parlamento o el Consejo de Ministros a las puertas de una cita con las urnas. El Gobierno, sin embargo, se defiende: trabajará hasta el último día, «de acuerdo a la ley». Un matiz importante este último ya que la literalidad de la ley ampara la legitimidad de su hoja de ruta de seguir aprobando reales decretos y de llevarlos para su convalidación a las Cortes ya disueltas. Es decir, a partir de hoy, día en el que entra oficialmente en funcionamiento la Diputación Permanente. El Reglamento del Congreso establece que este órgano asumirá todas las funciones del Parlamento en lo que concierne a los reales decretos. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General únicamente impide a los gobiernos realizar inauguraciones o actos en los que se repasen los logros conseguidos durante un mandato en tiempo preelectoral y de campaña.

Sin obstáculos legales a la vista, los planes del Gobierno pasan por intentar dar luz verde al máximo número de medidas, vía decretazo, en los consejos de ministros de este final de Legislatura. En la reunión del pasado viernes, el Ejecutivo aprobó tres reales decretos: uno para regular el mercado de la vivienda, otro para aumentar los permisos de paternidad y uno más con medidas de contingencia ante el “Brexit”. Estos tres tendrá que debatirse y ser convalidados en la Diputación Permanente. A ellos, se sumarán nuevos decretos con más medidas sociales: desde la aprobación del subsidio para parados mayores de 52 años y de larga duración a la regulación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes. Medidas todas ellas con un claro contenido político y que trascienden, por tanto, el carácter de interinidad que se le supone a la Diputación Permanente. De hecho, este tipo de decretos constituyen una excepción dentro de los que han sido convalidados en este órgano a lo largo de todas las legislaturas que han transcurrido desde 1978: de los 39 reales decretos salidos de la Diputación Permanente, sólo 3 –un 8% del total– tuvieron como finalidad la puesta en marcha de iniciativas políticas. Fueron firmados por los gobiernos de Leopoldo Calvo Sotelo, Adolfo Suárez y José María Aznar. El grueso de estos decretos, 27 del total –un 69%– sirvieron para afrontar pagos o actuaciones urgentes. Los 9 decretazos restantes –que representan el 23%– fueron convalidados para activar créditos destinados a regiones afectadas por inundaciones, incendios o sequías.

Fuente: La Razón