Reino Unido ha protestado hoy por escrito ante el Gobierno español por la actuación del patrullero ‘Tornado’, que este domingo conminó a buques mercantes a salir de «aguas territoriales españolas» junto a Gibraltar, cuando estaban fondeados en una zona que el Peñón y Londres consideran «aguas territoriales británicas de Gibraltar».

Una portavoz de la Embajada británica ha informado a Europa Press de que este martes se han enviado sendas comunicaciones escritas ante los Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación. Según ha dicho, en los próximos días se presentará a Exteriores una ‘nota verbal’, el instrumento básico con el que se comunican las Embajadas con los países anfitriones.

El malestar británico ya se comunicó de manera informal al Gobierno español este lunes, por parte del embajador de Reino Unido en España, Simon Manley. Así lo avanzó la Oficina del Gobernador de Gibraltar -que representa al Ministerio de Exteriores británico en el Peñón–. No obstante, el lunes un portavoz oficial del Ministerio español no tenía constancia de ninguna conversación.

El incidente se produjo el domingo, cuando el Buque de Acción Marítima ‘Tornado’ ordenó a dos barcos civiles que abandonaran la posición en la que estaban fondeados frente a la costa de Gibraltar, diciéndoles que estaban en aguas territoriales españolas.

Según el relato del gibraltareño ‘Gibraltar Chronicle’, los buques no hicieron caso y en la zona se desplegaron un buque y una zodiac de la Armada británica, ante lo que el español se marchó. En cambio, fuentes del Ministerio de Defensa español han señalado que los buques interpelados sí atendieron las llamadas del ‘Tornado’ y que el patrullero siguió navegando conforme a lo previsto en sus operaciones.

El Ministerio de Exteriores español alegó que el patrullero «estaba desarrollando en esas aguas las misiones que tuviera encomendadas y le corresponden de modo habitual». Además, señaló que las aguas que rodean el Peñón de Gibraltar son mar territorial español donde «España proyecta su soberanía de acuerdo con el Derecho Internacional».

Fuente: La Razón