Sáenz de Santamaría niega falta de diálogo: «Ningún gobierno puede disponer sobre la soberanía nacional»

Soraya Sáenz de Santamaría ha negado que el Gobierno de Mariano Rajoy se negara a hablar con la Generalitat, pero ha matizado que en ningún caso podía hacerlo sobre un referéndum sobre la independencia de Cataluña, lo único que le interesaba negociar a su interlocutor, el entonces vicepresidente del Ejecutivo catalán Oriol Junqueras. La ex vicepresidenta del Gobierno ha sido tajante. «Ni con Junqueras ni con nadie», ha recalcado, podía sentarse a hablar de la convocatoria de una consulta independentista, porque eso «corresponde a la soberanía del pueblo español». «No puedo vulnerar la ley. Nunca quise entrar», ha añadido al recordar las tres reuniones que mantuvo con Junqueras entre abril de 2016 y enero de 2017 para intentar encauzar el desafío soberanista. En la primera, su entonces homónimo en la Generalitat ya le planteó el referéndum; en la segunda, celebrada en julio de 2016, se vieron para abordar la situación financiera en Cataluña, que calificó de «muy dramática» y en la última Junqueras volvió a la carga con la consulta. «Le dije que no tenía nada que hablar y que ni íbamos a negociar ni nos íbamos a entender». Pero su interlocutor «no tenía interés en el resto de asuntos», ha recordado, ni jamás puso sobre la mesa la posibilidad de una reforma constitucional que permitiera convocar esa consulta. Ya en su despacho de la Delegación de Barcelona, donde se instaló como interlocutora del Gobierno de Rajoy con la Generalitat, ha asegurado que no se reunió con miembros del Ejecutivo catalán.

Sáenz de Santamaría ha defendido la aplicación del artículo 155 en Cataluña porque, ha asegurado, actuaron bajo cuatro premisas: la defensa de la soberanía y la unidad nacional, para asegurar el cumplimiento de la ley, con proporcionalidad e intentando mantener el consenso político respecto a la actuación del Gobierno.

La ex número dos del Gobierno desgranó los episodios violentos que, según la testigo, se produjeron en el «procés» (clave para la hipotética comisión del delito de rebelión del que acusa la Fiscalía). Desde el «acoso masivo y sistemático» a las Fuerzas de Seguridad en los días previos al 1-O hasta lo sucedido durante los registros en la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017: «Lo vimos todos por televisión. Cuando una comisión judicial tiene el encargo de llevar a cabo un registro, va a una dependencia pública, se impide que los detenidos estén presentes y no se le deja salir… La violencia es lo que se produjo ese día». Y también se ha detenido en la jornada pseudoelectoral del 1-O. Respecto al referéndum, ha reprochado que los líderes independentistas «movilizaran» a la gente para acudir a los colegios y actuar como «murallas humanas» impidiendo, incluso con «el lanzamiento de objetos», «que se cumpliera con una decisión judicial», a sabiendas de que, añadió, «se podían encadenar circunstancias violentas como las del 20 de septiembre». «Nosotros tratamos de preservar la convivencia ciudadana. Ojalá desde la Generalitat también lo hubieran hecho», ha lamentado.

Sáenz de Santamaría ha defendido la actuación policial e incluso ha corregido al abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, cuando le ha preguntado por las «cargas policiales» del 1-O. «Yo prefiero hablar de actuaciones policiales con mandato judicial», le ha replicado recordándole también que «93 policías tuvieron que ser atendidos por heridas». «Las imágenes están ahí y no son agradables, pero evitaron circunstancias mucho más graves. La actuación proporcional es algo que las Fuerzas de Seguridad saben hacer muy bien por su profesionalidad. Si no se hubiera convocado a la gente para impedir la actuación judicial algunas de esas imágenes no se hubieran producido».

La declaración unilateral de independencia, ha rebatido la ex vicepresidenta a Carme Forcadell (que le atribuyó meros efectos políticos), «no era meramente simbólica». «Por eso aplicamos el 155», ha subrayado tras recordar los dos requerimientos que efectuó el Gobierno a Carles Puigdemont antes de intervenir la autonomía catalana ante el «riesgo grave» de ruptura constitucional por el «intento de derogación» de la Carta Magna en Cataluña y la declaración unilateral de independencia acordada en el Parlament.

Antes, a preguntas del abogado de Vox, Javier Ortega, Sáenz de Santamaría ha explicado por qué el Gobierno descartó decretar el estado de sitio o de excepción. «Pueden comportar la suspensión de derechos fundamentales y era más adecuado actuar contra los responsables y no contra los ciudadanos de Cataluña y garantizar su convivencia».

La ex número dos del Gobierno también se ha quejado de que desde el independentismo «se intentaba confundir a la opinión pública internacional con imágenes que no se habían producido». «España es una democracia consolidada», ha recalcado.

Fuente: La Razón

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