Sánchez: Regreso al pasado

Los miembros del Gobierno han desfilado escalonadamente en los últimos días por el Congreso de los Diputados para explicar en comparecencias sectoriales, de cada uno de sus ministerios, la hoja de ruta que tienen previsto poner en marcha en lo que resta de legislatura. Estas exposiciones, que tendrán su culminación el próximo martes con la que realizará a modo de cierre el presidente, Pedro Sánchez; han servido para dibujar un proyecto para la España de 2018 que no dista en exceso del que diseñó en su día José Luis Rodríguez Zapatero. Una suerte de retrospectiva, diez años atrás, en la que el principal impulso renovador consiste en desmontar la gestión que ha hecho Mariano Rajoy en sus años en el poder o adecuar las leyes a la perspectiva de género y medioambiental que exige la realidad del siglo XXI.

Ley de Memoria Histórica

Es la principal bandera que el Gobierno ha recogido del anterior Ejecutivo socialista. Pedro Sánchez aspira a dar un impulso a esta legislación que, en su opinión, quedó orillada durante la etapa de gobierno popular. Moncloa quiere que se lleve a cabo un cumplimiento efectivo de la Ley de Memoria Histórica y dentro de este compendio normativo priorizará la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. No obstante, esta iniciativa se le resiste al Gobierno que no acaba de dar con la «fórmula jurídica» para trasladar al dictador antes de que acabe el mes de julio, como era su intención. La necesidad de contar con el favor de la familia, que –en principio– se niega a hacerse cargo de los restos, está complicando las gestiones de Patrimonio Nacional.

RTVE

Recuperar la pluralidad e independencia de la radiotelevisión pública también era uno de los compromisos de Sánchez en la oposición, de ahí que uno de los primeros reales decretos del Gobierno se enfocara en desbloquear la renovación de la corporación tras finalizar el mandato de la entonces directiva. A pesar de anunciar el «fin de los viernes negros», el Ejecutivo gestionó de forma deficiente esta renovación, demostrando que la izquierda no es inmune a los tejemanejes políticos. Gracias al apoyo de los partidos independentistas, a quienes se tuvo que asegurar un «diálogo sin cortapisas» sobre la autodeterminación, se ha dado salida a la renovación. El modelo utilizado es el mismo que introdujo José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, el del consenso parlamentario, y operará hasta que el Congreso dé luz verde al sistema por concurso público que regirá en el futuro para la elección de los miembros del Consejo de Administración.

Sanidad Universal y eliminar los copagos

En el ámbito sanitario, el Gobierno también se ha retrotraido en el tiempo. El Ejecutivo ha optado por la recuperación de la sanidad universal, rescatando la tarjeta sanitaria para los «sinpapeles», después de que el Real Decreto Ley 16/2012 dejara sin asistencia sanitaria integral a las personas en situación administrativa irregular. También se quiere acabar con el copago farmacéutico para los pensionistas. Hasta abril de 2012, los jubilados no pagaban nada por los medicamentos que les recetaban, pero ese año la ministra de Sanidad, Ana Mato, decidió revertir esta política, imponiendo cuatro franjas de gravamen.

Ley de Dependencia

El Gobierno volverá a cotizar a la Seguridad Social en nombre de quienes cuidan de un familiar dependiente. Esto supone también la recuperación de parte de la Ley de Dependencia, implantada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Esta fue recortada en 2012, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó un decreto ley acabando con la obligación del Estado de pagar las cuotas de la Seguridad Social a estos cuidadores, con el consiguiente descenso de los mismos.

Colectivo LGTBI

El Gobierno también ha decidido recuperar la posibilidad de que las mujeres solas y las mujeres lesbianas puedan acceder a tratamientos de reproducción asistida. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha propuesto modificar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para incorporar esta medida, que figuró en ella hasta el año 2014. Se articulará mediante una orden ministerial y se prevé que esté implantada durante el primer trimestre del año 2019.

Lomce

El Ejecutivo derogará de forma «urgente» varios artículos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada por el Partido Popular, y promoverá que la asignatura de Religión deje de ser «computable con efectos académicos», esto es, en la nota media. «La educación es la prioridad más sustantiva y central», defiende el Gobierno, que hará prevalecer la escuela pública como eje vertebrador del sistema. En este punto, prevé eliminar el artículo 109.2 de la Lomce que, según explican desde el Ejecutivo, «puede propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada».

Fuente: La Razón

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