Trump bloquea las peticiones de asilo de Centroamérica

Se caldea el verano en Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha ordenado endurecer todas las medidas puestas en marcha para evitar que los inmigrantes crucen ilegalmente la frontera con México procedentes de Centroamérica. Su Administración daba a conocer ayer la última de sus medidas contra inmigración encaminadas a que eso suceda, anunciando que no se aceptarán más solicitudes de asilo de migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Según esta nueva normativa, publicada en el Registro Federal, los solicitantes de asilo que pasen primero por otro país no podrán pedirlo después en suelo estadounidense. La norma, que entra en vigor a partir de hoy, se aplicará incluso a menores de edad que hayan cruzado solos la frontera.

Como excepción a esta norma tan solo se contemplan aquellas personas que hayan sido objeto de tortura; también si el solicitante en cuestión buscó protección en otro país y le fue negada y, en casos prácticamente imposibles de cumplir, si el migrante cruzó previamente por un país que no firmó uno de los tratados internacionales relevantes que rigen la cuestión de los refugiados.

«Es un ejercicio legal de la autoridad», aseguraba el secretario de Justicia, William Barr, justificando la necesidad de reducir las solicitudes de asilo. «Estados Unidos está completamente abrumado», añadía, por la ola de migrantes que cruzan la frontera sur del país. Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin K. McAleenan, reconocía que los fondos extra aprobados por el Congreso en junio, 4.600 millones de dólares, fueron vitales aunque insuficientes para frenar el flujo migratorio si no se cambian las leyes de inmigración. «Esta norma interina ayudará a reducir el factor que impulsa la migración irregular», añadió.

Con alta probabilidad, esta nueva normativa será apelada en los tribunales, pero por ahora su puesta en marcha ya es una realidad. Y es que la actual ley de refugiados permite a los peticionarios de asilo efectuar la solicitud una vez llegan al país, independientemente de cómo hayan llegado. Pero se contempla una excepción para aquéllos que hayan efectuado su entrada a través de una nación considerada «segura». Y es precisamente en este vacío de poder que rige en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que carece de consistencia, donde no se define con claridad qué país es considerado o no seguro.

Canadá es el único por ahora que EE UU contempla como «tercer país seguro», ya que México debe negociar su condición como tal después de que Trump amenazara con imponer aranceles si su no frena la entrada masiva de inmigrantes en sus fronteras. Según fuentes mexicanas, se calcula que el flujo migratorio procedente de Centroamérica podría superar las 800.000 personas.

El arranque de esta semana ha centrado su atención en esta polémica, pero no ha sido la única. Millones de indocumentados están pendientes de sufrir una posible redada desde el pasado domingo, según anunció el propio presidente estadounidense en sus redes sociales. Hasta 2.000 inmigrantes de nueve principales ciudades del país, como Nueva York, Los Angeles, Miami o Chicago, podrán ser expulsados. Donald Trump afirmó ayer que las redadas han sido «muy exitosas», pese a que las autoridades no han dado detalles ni han confirmado que se hubiesen producido. «Las redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) han sido muy exitosas, la gente entró en nuestro país de manera ilegal, a muchos de ellos se los llevaron el domingo», comentó a la Prensa en la Casa Blanca. «Dije (a las autoridades): céntrense en los criminales, hubiese sido más fácil centrarse en la población general», agregó. Trump, en plena vorágine preelectoral, insistió en que «mucha» de la gente que entra de forma ilegal a Estados Unidos son «criminales», y que «muchos fueron expulsados el domingo».

Pero las afirmaciones del presidente se contradicen con las noticias aparecidas en los medios, que hablan de pequeñas operaciones de escasa importancia. Además, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda preventiva el pasado jueves, argumentando que a las familias seleccionadas para la deportación se les debe permitir al menos una audiencia ante los tribunales para defenderse.

En algunos casos, se trata de familias enteras que llevan más de una década trabajando en el «país de las oportunidades», pagando impuestos, con sus hijos escolarizados e incluso bienes en propiedad, podrían enfrentarse a su deportación definitiva. Según los datos más recientes de Pew Research de 2017, unos 10,5 millones de inmigrantes viven en situación irregular, de los que más del 66% lo hace desde hace más de una década.

México, en alerta por las redadas en EE UU

Las redadas masivas contra migrantes anunciadas por el presidente Donald Trump están teniendo efectos muy limitados hasta el momento. Solo una veintena de mexicanos han sido detenidos desde que arrancaron los operativos este domingo en las principales ciudades estadounidenses, pero las autoridades de México mantienen la «alerta permanente» en la extensa red consular para ofrecer apoyo a los posibles deportados. El anuncio de las redadas había generado una gran inquietud en México aunque por el momento no se ha traducido en detenciones masivas. Hasta el 1 de julio había 1.807 mexicanos en los centros de detención con órdenes finales de expulsión, informa Daniel Blanco desde México.

Fuente: La Razón

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