Trump reordena el repliegue en Siria

De la retirada absoluta, prevista para el mes de abril, al reconocimiento de que la victoria «quizá sea prematura», por lo que resulta necesario «mantener 200 militares en Siria». Lo anunció ayer la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, aunque se abstuvo de explicar cuánto tiempo duraría la misión, el tipo de tropas o, incluso, la zona donde serán desplegadas.

El senador republicano Lindsey Graham saludó el cambio de estrategia de la Casa Blanca. En su opinión permitirá asegurar que «el Estado Islámico (EI) no regrese y que Irán no llene el vacío que habría quedado si nos retirásemos por completo». También preservará que Turquía no ataque a los combatientes kurdos, aliados de Estados Unidos y que tienen bajo su control buena parte del norte del país. En manos de los kurdos hay cientos de yihadistas del Estado Islámico y nadie olvida que Ankara ha prometido atacar a los kurdos, a los que siempre ha calificado de terroristas, no bien abandone Siria el último de los marines americanos.

Y ese es, precisamente, uno de los problemas esenciales, a saber, que EI apenas sí controla ya una remota aldea en el sureste del país, Baguz, pero se cuentan por miles sus militantes, tanto los detenidos por las tropas kurdas como los que continúan en libertad y vive camuflados en Siria e Irak. No parece descabellado imaginar que la retirada del Ejército estadounidense permitiría su reagrupación.

El problema se complica porque, como explica Rick Noack, del «Washington Post», los kurdos sirios, al sentirse abandonados por Washington, no solo se sienten incapaces de garantizar la viabilidad de los campamentos de prisioneros, sino que necesitarían focalizar todos sus recursos para defenderse contra el régimen de Erdogan y, en consecuencia, amenazan con «liberar a los combatientes detenidos de EI». Se trataría, al fin, de enfocarse en una «batalla por su propia existencia». Por lo demás Noack insiste en que ni Washington ni Europa parecen haber diseñado un plan de transición. De ahí que el propio Trump haya reclamado en los últimos días a sus aliados europeos para que procedan con la siempre delicada repatriación de sus ciudadanos custodiados por los kurdos y sospechosos de pertenecer al Estado Islámico.

El principal problema es que resulta extremadamente difícil conseguir sobre el terreno las pruebas necesarias para afrontar un juicio con garantías. Entre tanto, países como Gran Bretaña han optado por desposeer de la ciudadanía a los compatriotas que viajaron a oriente Medio para luchar con el Estado Islámico. El caso más paradigmático es de Shamima Begum, la joven británica que en 2015, con 15 años, se enroló en las filas del yihadismo y que ahora lucha con su familia en los tribunales para que le permitan regresar y, de paso, para revertir las funestas perspectivas que implica ser una apátrida.

El anuncio de Sarah Sanders ha coincidido con la salida efectiva del general Jim Mattis como secretario de Defensa. Mattis presentó su dimisión el pasado diciembre. Pero ha permanecido en el cargo hasta finales de febrero para garantizar, en la medida de lo posible, una transición ordenada. El laureado militar dimitió después de que el presidente

Trump anunciase públicamente su intención retirar las tropas de EE UU en Siria e Irak. Para Mattis la iniciativa presidencial rozaba la traición. Había jurado su cargo con la idea de cambiar la línea trazada por Washington en tiempos de Obama. Donde los partidarios del anterior presidente alababan la sensatez él subrayaba los peligros de una política internacional que descuidaba el inmenso peligro que representan el Estado Islámico y Al Qaeda.

Para los estrategas como Mattis y Derek Harvey, director del Oriente Medio en el Consejo de Seguridad Nacional, abandonar Siria en manos de Bachar al Asad implica renunciar a una zona geopolítica crucial para el futuro del principal aliado estadounidense en la región, Israel. De fondo está la dificultad para conciliar las sanciones contra Irán mientras cedes Siria a los rusos y, por extensión, a Hizbulá, que cuenta con no menos de 8.000 miembros desplegados en el país.

Fuente: La Razón

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