José María Herrera, técnico en prevención desde el año 2000, y que previamente había sido maquinista de vehículos de infraestructuras sin viajeros y delegado sindical, señaló ayer que no se detectó peligrosidad en la curva del siniestro, y que tampoco se observaron problemas para la circulación en esa zona.
Herrera, que ayer compareció en la Comisión parlamentaria que investiga el accidente de metro del 3 de julio de 2006, defendió la «prevención activa» y aseguró que «una buena prevención consiste en anticiparse a que ocurran los hechos» ya que, a su juicio, si las medidas se adoptan tras un accidente «no se hace buena prevención y algo falla en la empresa».
Herrera explicó que el servicio de prevención no participó en la investigación del accidente, y tampoco en el que se produjo previamente en Picanya (Valencia), porque se les ordenó no hacer nada ya que se había creado una comisión responsable de investigar los accidentes dependiente de la asesoría jurídica.
Por su parte, Marta Rocafull, encargada de selección de personal, dijo desconocer por qué el servicio de prevención de riesgos no participó en la investigación de ese accidente, pero manifestó que si no se les ordena expresamente, este servicio no puede investigar por libre. Preguntada por la falta de planes de prevención en la empresa entre los años 2005, 2006 y 2007, aseguró que le «extraña» que las auditorías digan que no había planes de prevención, y defendió que tanto ella como sus compañeros han estado trabajado durante todo ese tiempo.
Rocafull, quien precisó que lleva más de un año de baja, aseguró haber recibido presiones para aprobar a personas que no habían superado las pruebas psicotécnicas, pero no las aceptó «nunca», aunque afirmó conocer, al igual que «toda la empresa», el caso de una persona que fue maquinista sin haber pasado las pruebas.
Por su parte, el director general de Coordinación de la Generalitat en el momento del accidente de metro de 2006, Enrique de Francisco, confirmó que el Consell hizo «todo lo posible» por tener «mimadas y cuidadas» a las víctimas y sus familiares para que no tuvieran más preocupaciones que su propio dolor y duelo.
De Francisco recibió la encomienda verbal de hacer «todo lo humana y legalmente posible por cada una» de ellas, y señaló que no se trataba de «dar a nadie nada que no mereciera sino ayudar a que eso fuera más fácil».
Destacó que se dio atención psicológica personalizada a 56 personas; se medió con bancos para mejorar hipotecas; y se ayudó en la adjudicación de viviendas públicas, en la obtención de plazas para alumnos con necesidades especiales, en cambios de colegios y en becas en centros privados. También se facilitaron nuevos empleos o cambios de puestos de trabajo a un total de 41 personas, ingresos en residencias y ayudas para la teleasistencia; se medió para lograr permisos de residencia, y se costearon viajes de familiares que vivían fuera y se adelantaron gastos de sepelios.
Source: Comunitat Valenciana