Aun cuando de momento no se conoce el texto del Real Decreto-ley del resumen de este en la nota de prensa posterior al Consejo de Ministros se desprende que el Gobierno ha optado por modificar el art. 16 de la Ley de memoria histórica de 2007, de forma que únicamente puedan yacer en el Valle de los Caídos los restos de personas fallecidas a causa de la guerra civil, incorporando asimismo a la Ley una Disposición Adicional 6ª bis regulando un procedimiento de exhumación y traslado de los restos de quienes no hubieran muerto en la guerra o como consecuencia directa de ésta, legitimando al Consejo de Ministros para la incoación y resolución de dicho procedimiento.

Con esta fórmula de “ingeniería normativa” el Gobierno pretende salvar los obstáculos que se presentaban de haber decidido la exhumación mediante un procedimiento meramente administrativo, procedimiento que habría contado con la impugnación por parte de la familia Franco y una posible suspensión del acto por la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante, la fórmula adoptada no está exenta de problemas jurídicos, tanto de orden formal como de carácter material.

Fuente: La Razón