Mientras la guillotina de las sanciones económicas pende de un hilo contra el Gobierno de Nicaragua, Daniel Ortega realiza una gira mediática concediendo entrevistas a medios internacionales después de llevar más de una década sin hablar con la prensa independiente. En su cruzada, el discurso de Ortega ha sido el mismo en el que afirma ser víctima de un intento de golpe de Estado, donde fuerzas extranjeras concentradas en la ultraderecha de EE UU ha financiado a un grupo de opositores que ha salido a las calles demandando su destitución desde abril.

Sin embargo, tras una crisis política de más de 105 días, donde según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han perdido la vida entre 295 y 448 personas, la presión y condena internacional se ha recrudecido contra Ortega. La Organización de Estados Americanos (OEA) está creando una comisión especial para la congelación de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, que actualmente tiene una cartera activa de 524 millones de dólares. Mientras que EE UU advierte de «potenciales sanciones». «Unas elecciones libres, justas y transparentes son el único camino hacia la restauración de la democracia en Nicaragua», afirmó ayer la Casa Blanca. La Administración Trump responsabilizó a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de la «violencia indiscriminada» y de la «brutalidad policial» contra los manifestantes, que piden «reformas democráticas». Hasta ahora, Washington había impuesto sanciones a tres altos cargos: Francisco Díaz, jefe de la Policía y consuegro de Ortega; Francisco López, vicepresidente de la petrolera Albanisa; y Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua. «Estas son el principio, no el final, de las sanciones potenciales», remarcó la Casa Blanca.

Fuente: La Razón