El ex presidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana rompe por primera vez su silencio en un carta que ha hecho pública su esposa, Rosa Barceló, en la que proclama su «inocencia» y niega haber cobrado comisiones o haber distraído dinero público.
Zaplana, que se encuentra en prisión provisional acusado de cobrar sobornos durante su mandato como máximo responsable del Gobierno valenciano, asegura que sabe «que todo el mundo que se pronuncia en favor» de su «puesta en libertad lo hace por cuestiones de humanidad por la enfermedad» que sufre y por «el empeoramiento que ha ocasionado el ingreso hospitalario» reciente. «No se pueden imaginar cuánto lo agradezco y lo agradeceré el tiempo que me quede de vida», explica. En el encabezamiento de la carta, la mujer de Eduardo Zaplana afirma que el texto reproduce «unas notas» que el también ex ministro de Trabajo le dio el jueves. Barceló cuenta que el sábado, por «un bulo sobre su supuesta muerte», amigos y familiares la sorprendieron dándole «el pésame por el fallecimiento de Eduardo», enfermo de leucemia, y cuyos abogados han intentado hasta en cuatro ocasiones que se le excarcele por motivos de salud.
Zaplana afirma ser «inocente porque no he sido juzgado tal y como reconoce nuestro ordenamiento jurídico, aunque no sea libre por estar sometido a prisión preventiva, estando privado de mis derechos y mis libertades». «Y si me permiten», añade, «quiero hacer otra afirmación (…): soy inocente por el convencimiento absoluto de no ser responsable de los hechos de los que se me acusa en el auto judicial que produce mi detención». «Se señala que cobré a través de otros, al parecer testaferros míos, en los años 2005-2006, 6,4 millones de euros de la empresa Sedesa por la adjudicación de las ITV (en el año 1997) y en el Plan Eólico (en el año 2003 cuando ya no era presidente de la Generalitat valenciana)», prosigue.
«De las demás cuestiones que hablan no puedo responder por estar el sumario bajo secreto, pero sí puedo afirmar que jamás cobré comisión alguna por unas adjudicaciones públicas y jamás distraje una peseta o un euro de las administraciones públicas a las que serví y de cuya labor me siento muy orgulloso».
«¿Cuánto tiempo tengo que estar en prisión para no destruir pruebas?», se pregunta Zaplana. «No sé qué prueba puedo destruir después de siete meses de privación de libertad, ni quién se puede plantear seriamente que en mis condiciones me vaya a fugar de mi país», argumenta, después de que la semana pasada se agravara la enfermedad que padece y tuviera que abandonar la cárcel para ingresar en el Hospital La Fe de Valencia. «Puede entrar en la mente de alguien que me pueda fugar», insiste. «En la mía y la de los que me conocen es imposible. Al margen de dependencias médicas y arraigos evidentes que todo el mundo entendería, no permitiría yo bajo ningún concepto que mi concepción del honor personal y el legado que dejo fuera de tal indignidad».
«¿Cuántos años hacen falta para instruir un asunto contra una persona? Se inició en el año 2015 y estamos entrando en 2019, y según los Autos el Juzgado y escritos del fiscal con todo tipo de medios, escuchas telefónicas, orales (micrófonos), seguimientos…», lamenta Zaplana.
El ex ministro ingresó en prisión hace siete meses, acusado de haber cobrado presuntamente 10,5 millones de comisiones ilegales en la etapa en la que presidió la Generalitat Valenciana. Desde entonces, y pese a su delicado estado de salud, la juez del caso –y también la Fiscalía– se ha negado a dejarle salir de la cárcel ni siquiera en arresto domiciliario aduciendo el riesgo de destrucción de pruebas o huida del país.
Fuente;: La Razón
